Dictadura militar en argentina

Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín

Una junta militar, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, ocupó el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como el Proceso. Es considerada la dictadura más sangrienta de la historia argentina

El Proceso se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso.

• ·         El inicio de este proceso comenzó El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno que impuso, como órgano supremo del Estado, una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (ejército, marina y aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación).

También se dispuso que el mando directo del país quedara en manos de un presidente, con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla

Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:

·         a) que se trataba de un proceso y que como tal no tenía plazos sino objetivos

·         b) que había que reorganizar radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional

 A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se instauró en el país una dictadura que implantó el “terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina, y posibilitó la imposición de un modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente injusto requerido por los centros de poder internacional y los grupos económicos concentrados. Este golpe no constituyó una irrupción abrupta, sino que se insertó en una cultura política atravesada por prácticas de violencia estatal y paraestatal, y por la continua alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas durante todo el siglo XX. 

En un contexto de fuerte movilización social que caracterizó los inicios de la década del setenta, las Fuerzas Armadas comenzaron a desarrollar operativos ilegales, avanzando sin pausa hacia la usurpación del poder estatal. Más de 1.500 víctimas, muchas de ellas desaparecidas, fueron el resultado de los asesinatos y secuestros efectuados por la Triple A y otras bandas de derecha -organizadas, armadas y financiadas desde el Ministerio de Bienestar Social y otros sectores gubernamentales-, las acciones criminales encubiertas de los comandos de la inteligencia militar y policial y la agudización de la política represiva (“Decreto de aniquilamiento”). Así, se allanó el camino para el golpe de Estado que derrocó un gobierno constitucional, con la eliminación de todo vestigio democrático. 
El objetivo de eliminar al activismo social, desmantelar la organización popular, disciplinar a la sociedad y vaciarla hasta de su propia memoria, requirió poner a la totalidad de las instituciones del Estado al servicio del terror. Tras el golpe de 1976, la dictadura institucionalizó y potenció el modo represivo previamente ensayado: la metodología de secuestro-tortura-desaparición y la instauración de los centros clandestinos de detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros y de diseminación del miedo hacia la sociedad. En esa red de más de 500 centros desplegada a lo largo del país, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) constituyó un engranaje emblemático

Unos de los casos más mencionados que ocurrieron durante esa época  es conocido como la Noche de los Lápices a una serie de diez secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata (ciudad capital de la provincia de Buenos Aires).

Este suceso fue uno de los más reconocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad (menos de 18 años), que fueron torturados antes de matarlos.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el Juicio a las Juntas. Además Díaz participó de la creación del guion que llevó la historia al cine en 1986, en el filme homónimo. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura.

los Derechos Humanos que fueron violados en ese período fueron:

Asesinato; Exterminio; Tortura; Sujeción a esclavitud; Persecución por motivos políticos, religiosos o étnicos; Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población; Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario; Encarcelamiento arbitrario; Desaparición forzada de personas; Violación, prostitución forzosa y otras formas de abuso sexual; Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves. Apropiación de bebés Destrucción de la economía La deuda externa 
Suspende la actividad política Suspende los derechos de los trabajadores. Interviene los sindicatos. Prohíbe las huelgas. Disuelve el Congreso. Disuelve los partidos políticos. Destituye la Corte Suprema de Justicia. Interviene la CGT. Interviene la Confederación General Económica (CGE). Suspende la vigencia del Estatuto del Docente. Clausura locales nocturnos. Ordena el corte de pelo para los hombres. Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos. Censura los medios de comunicación. 

luego de un largo proceso de sufrimiento , que marco la historia argentina  llego a su fin:

El fin del Proceso.

Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el Proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. Bignone, el último líder de la Junta Militar, se vio obligado a llamar a elecciones. Tal fue así, que, tras siete años de gobierno militar, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina. Había ganado las elecciones del 30 de octubre con el 52 % de los votos. Pocos festejos fueron tan emotivos como el de la recuperación de la democracia, en la Plaza de Mayo.

Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. 

La CONADEP realizo un informe sobre la distribución de desaparecidos según su profesión u ocupación:

Obreros.........................................................................................

30,0%

Estudiantes................................................................................

21,0%

Empleados....................................................................................

17,8%

Profesionales.................................................................................

10,7%

Docentes.......................................................................................

5,7%

personal subalterno de las Fuerzas de seguridad..

2,5%

Amas de casa...............................................................................

3,8%

Autónomos y varios........................................................................

5,0%

Periodistas....................................................................................

1,6%

Actores y artistas...........................................................................

1,3%

Religiosos.....................................................................................

0,3%

El gobierno radical ordenó el juzga miento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales responsables (El Gral. Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera que fueron condenados a cadena perpetua). Era la primera vez que se enjuiciaba a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano.

Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles), al año siguiente del histórico juicio a los principales jefes militares, el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la Ley de Punto Final que fijaba un plazo de 30 días para receptar las acusaciones contra militares en la Justicia por violación de los derechos humanos.

Existía un gran malestar militar debido a que antes que terminaran los plazos fijados por la ley de Punto Final, la Justicia federal dictó el procesamiento de unos 500 militares, esto desencadenó la rebelión "cara pintada" en Semana Santa del año 1987. Ante esta presión el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la Ley de Obediencia Debida que absolvía a los militares de rango intermedio y menor, así dio lugar al des procesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se consideró que obraban bajo subordinación a la autoridad superior (algunos de los beneficiados por esta ley fueron Antonio Bussi y el destituido capitán Alfredo Astiz).

(El 14 de junio de 2005 el Senado de la Nación dio sanción definitiva a la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esta decisión no tendrá incidencia jurídica porque ninguna ley se puede aplicar a hechos ocurridos antes de su sanción. Es por esto que no podrán ser juzgados quienes se beneficiaron con estas leyes en la década pasada. Sin embargo, la derogación de las mismas tiene una fuerte repercusión política a partir del masivo respaldo del pueblo. La situación legal se retrotrae a 1986, ya que la decisión de la Corte Suprema deja la posibilidad de que se reabran los juicios contra militares, interrumpidos hace 19 años).

Aunque el país ya se encontraba en democracia, todavía no se había despedido de los fantasmas de la última dictadura, Alfonsín no tuvo la suficiente autonomía y apoyo para erradicar completamente a los militares culpables del terrorismo de estado.

Finalizado el mandato presidencial de Raúl Alfonsín, en las elecciones de 1989 asume como presidente Carlos Saúl Menem, que en 1990 concedería el Indulto a militares y civiles que cometieron delitos durante el “Proceso de Reorganización Nacional” (una serie de diez decretos fueron sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990). Estos indultos alcanzaron al Gral. Jorge Videla y a Eduardo Massera, al procesado ministro de Economía Martínez de Hoz, entre otros. Muchos de ellos condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 200 personas.

Estos hechos fueron vividos como una derrota por parte del movimiento de derechos humanos. La actividad social ligada a las reivindicaciones por los derechos humanos entro en un cono de sombra. Durante la primera mitad de los 90’, la presencia pública del movimiento fue escasa, con pocas movilizaciones y escasa presencia relativa en los medios y el espacio publico. Para ese entonces las acciones más notorias fueron ligadas a la recuperación de niños secuestrados o nacidos en cautiverio, impulsadas por la Agrupación de Abuelas de Plaza de Mayo. En 1996, cuando se cumplieron veinte años del golpe militar, con las numerosas iniciativas de conmemoración, con el impacto emocional de los relatos, la posibilidad de hablar de lo callado, el tema de de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura volvieron a ocupar un lugar central en la atención pública. Las acciones judiciales se multiplicaron.

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las muertes de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado. El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner , se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable.